Bienvenid@s a este artículo donde presentamos datos alarmantes que afectan a la fiabilidad de los sistemas de seguridad y cuestionamos el papel de las empresas de seguridad.
A pesar de lo que prometen las campañas publicitarias, las alarmas modernas no están diseñadas para evitar un robo, sino simplemente para notificarlo después de que ya ha ocurrido. A cambio de esa información, los propietarios no solo pagan por la instalación del sistema, sino también una cuota mensual por un servicio de avisos ineficiente, lo que representa un coste constante sin una verdadera protección efectiva.
¿Protección para los propietarios o negocio para las empresas?
En nuestras auditorías, nos hemos encontrado a empresas instaladoras que venden sistemas de baja calidad y sin personalizarlos según las necesidades específicas de cada vivienda. Además, a menudo entregan estos dispositivos sin proporcionar la formación necesaria para que los usuarios puedan utilizarlos correctamente. Lo más alarmante es que la gran mayoría de instalaciones se entregan sin certificar la puesta en marcha con pruebas realistas, lo que genera la entrega de un sistema no testado adecuadamente.
Para agravar aún más la situación, las Centrales Receptoras de Alarmas (C.R.A.), encargadas de monitorear estos sistemas, aceptan conectar estas instalaciones deficientes, sin certificar, comprometiendo la seguridad de los propietarios.
El negocio de las alarmas: Un sistema millonario que no protege.
En España, el negocio de las alarmas ha crecido exponencialmente en los últimos años, convirtiéndose en una industria que mueve cerca de mil millones de euros anuales en cuotas de conexión recurrente, que permite a las grandes empresas pagar las campañas publicitarias de radio y televisión. Sin embargo, los datos indican que solo una ínfima fracción de las alarmas activadas corresponden a intrusiones reales.
Resumen de cifras que revelan una realidad alarmante:
- Las CRA reciben 85 millones de señales de alarma de viviendas cada año.
- El 99,50% de estas señales no corresponden a intrusiones reales (84,6 millones).
- Solo el 0,50% de las alarmas activan avisos a la policía (425.000).
- De esas alarmas notificadas como intrusión verificada, solo el 7% resulta en intrusiones reales (30.000).
- La probabilidad de que una alarma sea una intrusión real es tan baja como el 0,035%.
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Los datos indican que el 99,96% de las señales que emiten los sistemas no corresponden a amenazas sino a fallas técnicas y otras derivadas de la instalación, mascotas y errores de uso.
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¿Por qué no son las empresas de seguridad las que asumen el coste de su ineficiencia?
Como propietarios y propietarias, pagamos una cuota anual de conexión a las (C.R.A.) para cubrir las ineficiencias de los sistemas de seguridad, que fallan en un 99,96% de los casos. La pregunta que surge inevitablemente es: Si las empresas reconocen que estos fallos son parte de su sistema, ¿por qué no cubren ellas las tarifas a las C.R.A.? Esto permitiría reducir la cuota que pagan los propietarios, quienes no deberían cargar con el precio de un servicio que no cumple con su función principal de prevenir y proteger sus viviendas de manera efectiva.
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Además de esta gran ineficiencia, el impacto sobre los recursos públicos es descomunal:
Se estima que las falsas alarmas cuestan al Estado cerca de 90 millones de euros anuales en 395.000 desplazamientos policiales innecesarios (1.082 desplazamientos cada día). Esto supone un gasto para los contribuyentes que podría destinarse a combatir delitos reales, en lugar de saturar los servicios policiales con situaciones ficticias.
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El verdadero problema: Una epidemia de delitos desatendidos.
Mientras las fuerzas de seguridad lidian con las falsas alarmas, España enfrenta una epidemia de delitos contra el patrimonio. Más de un millón de casos de hurtos, robos en la vía pública, domicilios y vehículos son reportados cada año. Y, lamentablemente, solo el 19% de estos delitos son esclarecidos.
Balance completo de Criminalidad: ¿Quieres conocer la criminalidad en tu ciudad?
Aumentan los juicios contra las empresas de seguridad y a las CRA.
Cientos de demandas están siendo presentadas por propietarios frustrados, cuyas alarmas no respondieron ante intrusiones reales, o cuyos sistemas fallaron por una mala instalación o configuración inadecuada, incumpliendo de esta forma su responsabilidad contractual.
Adjuntamos enlace de casos reales de demandas contra las empresas de seguridad.
La falta de certificación en las instalaciones: un agravante del problema.
Otra de las fallas del sector es la falta de certificación de la instalación y configuración de los sistemas de alarma. Aunque los productos de seguridad están certificados bajo la normativa UNE-EN50131, su eficacia real depende de cómo se instalen y configuren estos productos. Desafortunadamente, esta tarea suele quedar en manos de operarios inexpertos o saturados de trabajo que no le dedican el tiempo y conocimiento suficiente.
Se le añade que El Reglamento de Seguridad Privada que rige esta industria, vigente desde 1994, está obsoleto y no ha sido adaptado a los avances tecnológicos actuales. Sin una actualización en las normativas, las deficiencias en la instalación y configuración de los sistemas seguirán dejando expuestos a los propietarios.
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Imaginemos este escenario en seguridad vial.
Sería como si los vehículos se entregaran a los propietarios con componentes certificados por separado (ruedas, motor, airbag, frenos, seguridad activa) pero sin haber sido probados como un sistema completo ni puestos a prueba en condiciones reales, como en las carreteras. Además, los conductores no recibirían la formación adecuada para manejar estos vehículos de manera segura. Lo más preocupante sería que los coches se entregaran sin una certificación final que garantice su correcto funcionamiento en conjunto.
La situación empeoraría aún más si las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) —equivalentes a las Centrales Receptoras de Alarmas (C.R.A.) en el ámbito de la seguridad privada— no realizaran los controles necesarios. En lugar de garantizar la seguridad de los vehículos, se verían influenciadas por los intereses económicos de los concesionarios que los vendieron, como sucede con las empresas de seguridad en los sistemas de alarmas. Para colmo, las autoridades responsables de supervisar el cumplimiento de las normativas carecerían de los recursos para llevar a cabo inspecciones rigurosas.
El resultado sería catastrófico: un sistema que promete seguridad, pero que en realidad deja a los conductores —o, en nuestro caso, a los propietarios de viviendas— en un estado de riesgo constante e inaceptable.
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¿Qué podemos hacer para estar mejor protegidos?
Es evidente que el modelo actual no funciona. Reducir las falsas alarmas y asegurar que los recursos policiales se utilicen en la lucha contra los delitos reales debería ser una prioridad nacional.
Entre las propuestas de mejora que pueden realizar los propietarios destacamos tres:
- Aumentar la resistencia física de puertas y ventanas: Es fundamental repartir el presupuesto para combinar las alarmas con medidas físicas de seguridad, como puertas blindadas y ventanas reforzadas, que disuadan a los intrusos y den tiempo a la policía para actuar antes de que el delincuente cometa el robo.
- Sacar la alarma afuera de la vivienda. Es prioritario detectar el ataque antes de que el delincuente entre en la vivienda. Esto disuade y sobre todo ayuda a la policía a llegar a tiempo. Las alarmas que solo detectan el movimiento en el interior de la vivienda pierden gran parte de su supuesta efectividad.
- Certificación integral: Exigir a la empresa que se contrate, que certifique el proceso de instalación del sistema de intrusión. Un sistema mal instalado es tan inútil como no tener uno. Los operarios deben estar debidamente capacitados (acreditados por un ente externo a la empresa) y el proceso debe cumplir con estándares de calidad que garanticen la eficacia del sistema en la detección de intrusiones reales (entregar certificado de eficiencia).
Si tienes interés en saber más puedes mejorar tus conocimientos para hacer tu vivienda repela el delito.
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Nosotros pensamos que la ciudadanía tiene derecho a sentirse y estar seguros en sus hogares, pero sobre todo a disponer de información verdadera.
Espero y deseo que esta información os sirva para tomar mejores decisiones.
Saludos Cordiales / JM Ángel Olleros.
Coordinador nacional UNE CTN041/325: Prevención del delito a través del diseño ambiental.
Experto español acreditado por UNE en CEN (European Committee for Standardization) para el grupo de trabajo ISO/TC292/WG6/ Seguridad y Resiliencia.